La Administración Pública está sujeta al principio de legalidad en todas sus actuaciones.

 

La Constitución Española establece que: “La ley ha de regular el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado, lo que constituye una garantía para los particulares en sus relaciones con la Administración”

 

El procedimiento administrativo está regulado principalmente en La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

 

La defensa de los intereses generales obliga a que su actuación no sea pasiva, realizando cuantos trámites sean necesarios para llegar al pronunciamiento o resolución del asunto iniciado.

 

El procedimiento, por lo tanto, es la forma de actuar en materia administrativa, y su incumplimiento puede llegar a invalidar el acto.

 

Como consecuencia de los pasos y resultados obtenidos en las distintas fases del procedimiento, se forma un expediente administrativo, que se puede definir como el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.