Se formalizarán en documento administrativo, salvo que el contratista solicite su formalización en escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

Podrán incluir cualesquiera pactos, cláusulas y condiciones, siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración.

Un contrato público deberá contener, como mínimo:

• La identificación de las partes.
• La acreditación de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato: los empresarios deben acreditar su solvencia económica y financiera y técnica o profesional, en ciertos casos deben estar debidamente clasificados, deben contar con la habilitación empresarial o profesional exigible para la realización de las prestaciones objeto del contrato, etc.
• La definición del objeto y tipo del contrato.
• Referencia a la legislación aplicable al contrato.
• La enumeración de los documentos que integran el contrato.
• El precio, las condiciones de pago y las condiciones de recepción, entrega o admisión de las prestaciones.
• La duración del contrato o las fechas estimadas para el comienzo de su ejecución y para su finalización, así como la de la prórroga o prórrogas, si estuviesen previstas.
• Los supuestos en que procede la resolución.
• El crédito presupuestario o el programa o rúbrica contable con cargo al que se abonará el precio, en su caso.