Este control es efectuado por el Tribunal de Cuentas, con posterioridad a la realización del gasto público.

Su control se extiende a toda la Administración Pública española, incluyendo las subvenciones, créditos, avales y ayudas del sector público percibidas por personas físicas o jurídicas.

Ciertas Comunidades Autónomas tienen un Tribunal de Cuentas propio, que debe coordinarse con el estatal.

El Tribunal de Cuentas depende de las Cortes Generales y por delegación de éstas, examina y comprueba las cuentas generales del Estado.