Son disposiciones legislativas provisionales con fuerza de ley que el Gobierno dicta en caso de extraordinaria y urgente necesidad.

Deben ser convalidados o derogados por el Congreso en el plazo establecido por la Constitución (30 días desde su promulgación). Una vez convalidados, se tramitan en el Parlamento como proyectos de ley.

No pueden afectar:

• Al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado.
• A los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución.
• Al régimen de las Comunidades Autónomas.
• Al derecho electoral general.

Un ejemplo de este tipo de norma es el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo.